elcomercio.pe.- El mismo día en que el presidente Alan García dio “la sorpresa” de que Lima tendrá su Cristo de Corcovado, también promulgó la Ley N° 29703, que establece que los funcionarios públicos solo podrán ser sancionamos penalmente cuando sus irregularidades hayan producido un daño económico contra el Estado.
Además, según informó el diario “La República”, esta norma que fue promovida por el Poder Judicial, también elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.
El referido medio señaló que el camino para aprobar esta norma, que blinda a los salientes funcionarios, comenzó el 3 de agosto pasado cuando el entonces presidente del PJ, Javier Villa Stein, envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos contra la administración pública. Pero, paradójicamente (o premeditamente), excluye la pena de inhabilitación que se aplica para estos casos.
“Ex ministros, ex congresistas o hasta el ex mandatario, que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito, podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción”, advirtió el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera.
HAY CASTIGO SI HAY DAÑO ECONÓMICOAdemás, el ex candidato al Congreso y ex procurador para casos de corrupción Ronald Gamarra sostuvo que otra modificación peligrosa es haber incluido en el artículo 384 del Código Penal la precisión de que un acto de colusión se produce cuando hay daño económico al Estado.
PEDIDO DE DEROGATORIAPor su parte, el congresista nacionalista Daniel Abugattás manifestó que pedirán la inmediata derogatoria de esta polémica ley. “A pesar de que quedan solo tres días de Pleno, si hay voluntad política, el pedido de derogatoria se eximirá de comisiones y se votará de inmediato. Entonces la población verá quién protege a los corruptos”, afirmó en entrevista con “La República”.
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