Desde el Tercer Piso.- Terminamos esta semana con dos huelgas en dos sectores importantes.
De un lado, los médicos de Essalud llevan un mes de paralización, con el
correspondiente malestar de pacientes y asegurados que no pueden
atender sus dolencias a tiempo. De otro lado, la facción mayoritaria del
SUTEP inició esta semana una huelga que entra hoy al tercer día. La
diferencia es que, mientras que el gobierno, luego de un mes de tira y afloja, parece estar cerca del acuerdo con los médicos, la negociación con los maestros está aún muy lejos de llegar a un buen término.
Sin embargo, hay varias similitudes en ambas paralizaciones que merecen un mayor análisis.
Para empezar, se trata de dos áreas que impactan directamente en los ciudadanos de a pie.
El seguro social es una de las entidades más recurridas para la
atención médica primaria y, sobre todo, para pacientes de edad avanzada,
además de ser la alternativa para operaciones complicadas que, en un
seguro privado, costarían un ojo de la cara. Mientras que una importante
parte de niños y adolescentes en el Perú asisten a la escuela pública,
en un país donde la educación sigue siendo vista como uno de los
principales motores de movilidad social y en un contexto en el que el
conocimiento es la clave de la generación de bienestar.
A su vez, se trata de dos sectores donde sus trabajadores son bastante mal pagados.
Tanto el magisterio público como los médicos de Essalud ganan
cantidades bajas en comparación con sus pares privados, para no hablar
de lo que ocurre en otros países de la región. Por ello, hasta cierto
punto, resultan comprensibles los reclamos de personas que estudiaron
varios años y que, obviamente, esperan una mejor remuneración.
Pero, de otro lado, también se trata de dos servicios públicos cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años.
Y aquí hay cuotas de responsabilidad de todos los actores: desde un
Estado que no ha sabido invertir en salud y educación de calidad, hasta
los mismos profesionales de la salud y la educación que, más allá del
tema salarial, requieren de un mayor compromiso con su vocación, como lo
reclamaba ayer Patricia del Río,
sobre todo, en torno al magisterio. Aquí se mezclan desde un aparato
estatal que no ha visto la importancia de dar servicios de calidad para
asegurar los derechos de las personas, hasta cuestiones como el buen
trato a los demás, que no requieren de un ajuste salarial sino de un
cambio de actitud. Y de allí que exista en un sector de
ciudadanos el pedido de vincular el aumento de sueldos a una mejora de
la calidad en la atención o en la capacitación.
A su vez, se trata de dos sectores con sindicatos bastante fuertes.
Sobre el SUTEP se ha escrito mucho acerca de su capacidad de
movilización, sus dificultades para salir de un esquema sindical
maximalista y sobre los ajustes que deben hacer para convertirse en una
representación moderna. Mientras que, en el caso del seguro social, Marco Sifuentes describió a un sindicato bastante cercano al APRA, con lo que implica ello en términos de respaldo político y de otros gremios.
Por ello es que el gobierno tiene que enfrentar un panorama complejo
que no sólo se agota en la solución a los reclamos laborales. Hay temas
de cultura laboral, atención estatal y derechos ciudadanos que están en
juego. De allí que los problemas no acaben con las soluciones a corto
plazo que se den a ambas huelgas sino, en general, con las políticas que
tenga para mejorar la educación y la salud públicas. Se trata de áreas
importantes, pero en la que los cambios no se notan para réditos
electorales. Y aquí no solo se requiere voluntad política, sino también
ideas y saber transmitirlas.
